La parlamentaria presentó Proyecto de Ley que busca fortalecer el Código Procesal Penal para mejorar la persecución y asegurar la efectividad de las medidas cautelares.
En la actualidad, la detención es una medida cautelar que se aplica a personas bajo persecución penal, privándolas de su libertad para asegurar los fines del procedimiento penal. Esta medida está respaldada tanto por tratados internacionales como por la Constitución y las leyes, convirtiéndose en un derecho fundamental que afecta a todos los individuos involucrados en un proceso penal.
Sin embargo, no son pocos los casos en que personas con medidas cautelares terminan eludiendo a la justicia, mediante la fuga y el quebrantamiento de las condenas, lo que a juicio de la legisladora del Distrito 15, “es tiempo de fortalecer las atribuciones del Ministerio Público y las policías y, con ello evitar hechos indeseados y que no sólo evidencian las debilidades del sistema, sino que también afectan a la seguridad de las personas”.
El foco está entonces en modificar el Código Procesal Penal, con propuestas que indican por ejemplo: el Mantenimiento de la vigencia de las órdenes de detención judicial, hasta que se dé con el paradero de la o el imputado; lo que implicará que las policías deberán mantener una búsqueda activa de los infractores, evitando que las órdenes queden en desuso después de cierto tiempo.
También se contempla mayores facultades de entrada y registro en los domicilios a las fuerzas policiales, lo que aplicará tanto en los lugares que consten en el proceso como a aquellos proporcionados por otros servicios públicos o por investigaciones policiales. Lo mismo ocurrirá en el caso de oposición de terceros o de encontrarse cerrados los domicilios, residencias o moradas del imputado o condenado; ocasiones en que las órdenes de detención judicial contendrán las facultades de allanamiento y descerrajamiento, lo que permitirá realizar la búsqueda de manera más efectiva.
En este sentido, la diputada Marcela Riquelme precisó que, “este proyecto otorga mayores facultades a las policías en la persecución de personas que son prófugos de la justicia, de quienes se hayan fugado de algún recinto penitenciario o que hayan quebrantado algún beneficio que se les haya otorgado. Esta medida apunta a que las policías tengan facultades de allanamiento y para detenerlos. Y, quizás una de las cosas relevantes es que las órdenes de detención no se darán de baja ni se archivarán, estarán vigentes hasta que la persona en cuestión sea detenida. Todo esto, obligará un comportamiento activo de parte de las policías, una búsqueda permanente y, con ello, avanzar un paso más en resguardar la seguridad de las y los chilenos”.
El proyecto de ley se encuentra en proceso de análisis y debate en el Congreso Nacional, y se espera que su discusión contribuya a fortalecer el sistema de justicia penal y mejorar la persecución de quienes incurren en delitos. “Hacemos un llamado a todos los actores involucrados a sumarse a esta iniciativa, para que garanticemos la seguridad y el respeto al estado de Derecho en nuestro país que, sin duda alguna, hoy es parte de nuestra prioridad”, afirmó la Diputada Marcela Riquelme Aliaga.